Después de la denuncia

El camino no termina con la denuncia. Más bien comienza ahí. 

Por un lado, llegan los procesos legales y judiciales. Trámites como el divorcio o la decisión de la custodia de las hijas e hijos, que son duros de por sí, presentan dificultades añadidas para las mujeres migradas. Un problema que se repite en las historias es el de la relación con los abogados y abogadas de oficio: la mala comunicación, la imposibilidad de conocerlos antes del momento del juicio, el no volver a tener noticia de ellos o ellas cuando este pasa o el sentirse incomprendidas en sus situaciones específicas son constantes en lo que cuentan estas mujeres.

Pero esos no son los únicos trámites que hay que afrontar. Las burocracias se multiplican. A veces la autorización de residencia dependía de la pareja, y está sujeta ahora a la condición jurídica de víctima de violencia de género. A veces la ruptura con el agresor implica la necesidad de una vivienda. A veces la dependencia era también económica y los recursos a conseguir incluyen la necesidad de poder trabajar. A menudo, la situación de violencia ha desencadenado problemas de salud física y mental que es importante identificar y tratar. 

Se suman las necesidades que se contemplan específicamente para mujeres que han sufrido violencia machista y las que implica cada situación particular con sus intersecciones por razón de origen nacional o étnico, condición socioeconómica o situación migratoria, en el caso de las mujeres migradas. Los servicios de protección, atención y restitución de derechos tienen que garantizar una cobertura suficiente y adecuada de todas ellas, y las historias muestran que no siempre consiguen hacerlo. 

Y entretanto, el tiempo pasa, y eso también es un problema. Mientras se espera el lento transcurso de resoluciones, papeles y autorizaciones, la vida tiene que seguir, y se puede llegar a complicar bastante. Más aún en una situación de soledad y desprotección como la que a menudo viven las mujeres migradas.